El 12 de febrero de 1985 Rafael Addiego (Presidente de la Suprema Corte de Justicia) sustituyó a Gregorio Álvarez en la Presidencia de la República y tres días después volvió a funcionar el Parlamento, luego de doce años de dictadura. El 1o de marzo Julio María Sanguinetti asumió la Presidencia de la República. Una semana más tarde, el 8 de marzo, a través de la aprobación de la “Ley de Pacificación Nacional” se dispuso la amnistía para los ciudadanos que todavía se encontraban en prisión acusados por delitos políticos y la creación de la Comisión Nacional de Repatriación para facilitar el regreso de los uruguayos exiliados.
La ley excluyó a los procesados por delitos de sangre, que pocos días después fueron liberados “en atención a los rigores del tratamiento penitenciario sufrido”,  contabilizándose tres días de pena cumplida por cada día de privación de libertad. De este modo, el 14 de marzo salieron en libertad los últimos presos políticos.