En 1976 Uruguay era el país de América del Sur que tenía el índice más alto de prisioneros políticos por cantidad de habitantes. Si bien no se ha podido acceder a la documentación oficial del período, según cifras del Servicio Paz y Justicia se calcula que entre 1972 y 1985 aproximadamente 5.000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar. A esta cifra se sumarían otros 3.700 casos de detenidos que no fueron procesados, habiendo experimentado situaciones de prisión que comprenden desde pocos días hasta varios meses.
Entre los centros de detención a los que fueron conducidos los prisioneros debido a su actividad político-partidaria o sindical, encontramos algunos públicamente reconocidos como tales y otros muchos, dispersos en todo el territorio nacional, clandestinos o “invisibles”. Previamente al golpe de Estado de 1973 fueron inaugurados los penales de Punta de Rieles y Libertad, las dos cárceles de máxima seguridad en donde se recluiría a la mayoría de los detenidos por tiempos prolongados.
En los primeros días de marzo las últimas presas políticas fueron trasladadas del Penal de Punta de Rieles a la Jefatura de Policía, desde donde fueron liberadas el día 10. Otro contingente de varones y mujeres salió en libertad el día 12. Dos días después, también desde Jefatura, fue liberado el grupo restante de presos varones no amnistiado y recién llegado del Penal de Libertad, así como también las últimas cinco presas mujeres.